La diputada federal Mirna Rubio Sánchez presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para proteger a maestras y maestros de ser señalados o considerados responsables antes de que exista una resolución firme dentro de un procedimiento administrativo.
La propuesta busca establecer reglas más claras para las autoridades que intervienen en este tipo de investigaciones, particularmente en el manejo de la información y en la aplicación de medidas provisionales, con el propósito de garantizar el respeto a la dignidad, la presunción de inocencia y los derechos de las y los trabajadores de la educación.
La iniciativa plantea adicionar una fracción XI al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer cuatro obligaciones para las personas servidoras públicas que participen en estos procedimientos: proteger la confidencialidad de los expedientes; evitar difundir información que haga parecer responsable a una persona antes de que exista una resolución; aplicar únicamente las medidas provisionales que sean necesarias, proporcionales y temporales; y retirarlas cuando una resolución firme determine que no existe responsabilidad.
Además, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 57 de la misma ley para establecer que, cuando una persona servidora pública actúe deliberadamente de manera arbitraria o utilice sus atribuciones para vulnerar estas obligaciones, pueda incurrir en abuso de funciones, considerado como una falta administrativa grave.
“Vengo del magisterio y sé lo que significa para una maestra o un maestro que su nombre circule antes de que exista una resolución. Una investigación no debe convertirse en una sentencia anticipada. Cada trabajadora y cada trabajador de la educación merece que, si enfrenta un procedimiento, éste se lleve con reglas claras, respeto y pleno reconocimiento a su dignidad”, afirmó la legisladora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y Coordinadora General de la Secretaría de Trabajo y Conflictos de la Sección 15 del SNTE en Hidalgo.
La legisladora explicó que actualmente la ley contempla la obligación de las personas servidoras públicas de resguardar la documentación que tienen bajo su responsabilidad; sin embargo, consideró necesario precisar qué ocurre cuando, aun existiendo un expediente bajo resguardo, se difunde públicamente información que puede generar la percepción de que una persona ya es responsable.
Rubio Sánchez destacó que la iniciativa mantiene intacta la obligación de las autoridades de proteger a niñas, niños y adolescentes. Las denuncias deberán recibirse y atenderse, las posibles víctimas deberán contar con atención especializada, las pruebas deberán ser resguardadas y las autoridades podrán adoptar de manera inmediata las medidas de protección que sean necesarias en cada caso.
La iniciativa se fundamenta en los artículos 1o., 3o., 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la tipicidad administrativa y la presunción de inocencia.
El proyecto fue turnado a la comisión correspondiente para su análisis y, en su caso, dictaminación.